En el actual contexto político y económico de México, la reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir la minería a cielo abierto ha generado un ambiente de incertidumbre entre los representantes del sector, quienes han expresado su preocupación por las posibles repercusiones negativas en las inversiones y la economía local.
Este anuncio, presentado como parte de una serie de iniciativas políticas antes de las elecciones presidenciales, ya ha sido materia de crítica por las mineras que operan en México.
Desde la perspectiva de la industria minera, la prohibición de la minería a cielo abierto se percibe como potencialmente desastrosa, ya que este sector contribuye el 2.5% del Producto Interno Bruto de México.
Al respecto, la Cámara Minera de México (Camimex), la cual agrupa a 124 mineras que operan en el país, expresó en un comunicado que la prohibición afectaría a más del 60% de la producción local, señalando que la propuesta implicaría “la destrucción de un sector estratégico”.
La cámara destaca que las minas a cielo abierto implican una inversión de más de US$3,900 millones y generan alrededor de 200.000 empleos directos. Adicionalmente, advirtió que una eventual prohibición tendría un impacto en las cadenas de suministro, obligando a México a importar minerales a un costo más elevado.
Aunque es improbable que la propuesta se apruebe a corto plazo, la situación de incertidumbre que propuestas como esta generan es altamente nociva para potenciales inversionistas extranjeros.
Anteriormente, el Gobierno tomó la decisión de no otorgar concesiones mineras y, luego de ello, se emitió una ley que redujo la duración de las concesiones. Estas medidas, en conjunto con la nueva propuesta del presidente, podrían llevar a que empresas que actualmente inviertan en el país se retiren y prefieran ir por otras con menor productividad pero que acarrean menores costos y que les ofrecen una mayor seguridad jurídica.
Hay que considerar que la ley propuesta por el Gobierno además podría tener un efecto legal importante, pudiendo afectar a un número de inversiones internacionales y yendo en contra de tratados como el T-MEC, abriendo la posibilidad de interposición de arbitrajes en contra del estado mexicano y, de ser el caso, el pago de reparaciones importantes en favor de los afectados.
